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Aunque la recomendación general de las autoridades es no pagar, existen servicios profesionales que actúan como intermediarios en situaciones límite:
Identificación del grupo de Ransomware atacante para determinar si sus decodificadores son públicos o si existe un historial de cumplimiento en la entrega de llaves.
En casos extremos donde la supervivencia de la empresa depende de ello, se gestiona el cumplimiento de normativas internacionales, evitando pagos a entidades sancionadas.